Caso
Marzo 19, 2026
El abogado Antonio Fernández obtuvo la nulidad de un procedimiento de ejecución hipotecaria que se tramitó sin notificar a los herederos ni a la propietaria original, quien residía en el extranjero. La entidad bancaria ocultó información procesal y continuó el embargo incluso tras el fallecimiento de la titular. La intervención legal demostró graves irregularidades procesales y la existencia de intereses de demora abusivos del 18%, logrando la paralización definitiva de la subasta y restituyendo el derecho de defensa de la familia.
Caso
Enero 29, 2026
Cuando esta cliente llegó al despacho, estaba agotada por un contrato que simplemente se ignoraba. Lo que parecía un camino largo se resolvió con una estrategia clara: ante la falta de respuesta del contrario —la famosa ‘rebeldía procesal’—, convertimos su silencio en nuestra ventaja. Presentamos pruebas contundentes y, en menos de un año, logramos que la jueza dictara sentencia a nuestro favor el mismo día del juicio. Es la prueba de que, si te mueves rápido y con los documentos en orden, la justicia no tiene por qué ser un laberinto eterno
Caso
Enero 14, 2026
Tras depositar una fianza que la jueza declaró «idónea y suficiente» el 5 de octubre de 2023, se ordenó la ejecución inmediata de la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad. Este paso es fundamental, ya que permite blindar el patrimonio en disputa y garantiza que cualquier sentencia futura sea efectiva, notificando oficialmente la existencia del pleito a terceros.
Caso
Enero 10, 2026
Caso de éxito en Madrid (Procedimiento 2277/2024) donde se obtuvo una sentencia estimatoria por allanamiento total del demandado. La resolución rápida y efectiva del juzgado evitó el litigio prolongado, asegurando el cumplimiento de las pretensiones de nuestros clientes de forma inmediata.
Caso
Enero 05, 2025
Logramos la desestimación total de una demanda que reclamaba cuotas escolares de 2015. El juzgado nos dio la razón al declarar la deuda prescrita por haber superado el plazo legal de 3 años, liberando al cliente del pago y condenando al colegio a abonar las costas judiciales.








